Escándalo en la Policía de Jujuy ¿cadetes obligados a trabajar en un buffet?

En un caso que está levantando alarmas, Que Pasa Jujuy recibió a una testigo que advirtió sobre un posible hecho ilícito dentro del Departamento Logístico de la Policía de la Provincia de Jujuy, ubicado en Villa San Martín.

 Según las acusaciones, altos funcionarios de este departamento estarían utilizando su posición para obtener beneficios personales a través de un buffet operado dentro de las instalaciones policiales.

Las denuncias señalan que los jefes han establecido un buffet en las instalaciones del departamento. Este buffet, que se dice que debería servir para el beneficio de la policía, en realidad estaría recaudando fondos que se destinan en gran parte a intereses personales de los involucrados. Las cuentas del buffet están a nombre de un oficial, quien recibe todas las transferencias.

Se alega que este buffet no contaría con las habilitaciones necesarias y presentaría condiciones insalubres, además de la falta de personal capacitado en manipulación de alimentos. A pesar de estas deficiencias, los responsables del buffet no habrían tomado medidas para solucionar estos problemas, ya que la actividad resulta económicamente beneficiosa para ellos.

Los efectivos policiales que trabajan en el buffet estarían siendo obligados a realizar tareas allí, en lugar de cumplir con sus funciones principales de seguridad. Además, se les exigiría comprar productos exclusivamente en el buffet, sin permitirles adquirir productos en otros lugares o permitir la entrada de vendedores ambulantes al predio.

La denuncia también menciona que, a pesar de la recaudación significativa generada por el buffet, no se habría invertido en mejorar las condiciones de trabajo, como la compra de impresoras necesarias para la oficina. Asimismo, las computadoras y herramientas proporcionadas por el Ministerio no han sido entregadas a los efectivos, y no se sabe su paradero.

Estas acusaciones sugieren un posible uso indebido de recursos y mano de obra policial para fines comerciales, lo que va en detrimento de las funciones de seguridad pública que debería cumplir la institución.

Para proteger la identidad del denunciante y la integridad de la investigación, se ha solicitado mantener el anonimato de la fuente. Las autoridades correspondientes deben tomar medidas para investigar estas alegaciones y asegurar el cumplimiento adecuado de las normas y reglamentos vigentes.