Minería ilegal en Jujuy: cayó un policía jujeño acusado de "topo"

En un caso que sacude los cimientos de la seguridad provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy confirmó la detención de un miembro de la Brigada de Investigaciones acusado de traicionar a la justicia. RF, de 34 años, habría filtrado información confidencial a una organización dedicada a la extracción ilegal de oro en la región de La Quiaca. La conexión entre un uniformado y esta red criminal destapó un entramado de corrupción alarmante.

La detención del agente se concretó el miércoles 22 de enero a las 18:50, luego de dos allanamientos simultáneos en su departamento y en la casa de su madre, ubicados en diferentes barrios de La Quiaca. Durante los operativos, efectivos de la Policía de Jujuy y la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron dispositivos electrónicos y teléfonos celulares que serán clave para el avance de la investigación. Los procedimientos fueron liderados por el subcomisario José Rodríguez y el principal Lucas Gestalt, quienes trabajaron bajo estrictas medidas de seguridad.

Un golpe a la minería ilegal

La investigación no es nueva. El 18 de diciembre de 2024, un megaoperativo en La Quiaca, Abra Pampa, Orosmayo y Liviara dejó un saldo de siete detenidos, 12 vehículos secuestrados, maquinaria pesada -como topadoras y orugas- y sofisticados equipos tecnológicos. El grupo operaba desde un campamento situado a más de 4.000 metros de altura, diseñado para facilitar esta lucrativa actividad ilícita.

Sin embargo, el papel de RF en este entramado resulta todavía más inquietante. Según las autoridades, utilizó su posición privilegiada para avisar al grupo familiar investigado sobre procedimientos judiciales inminentes, permitiéndoles evadir capturas y proteger su operación. "Es un caso grave de abuso de autoridad y encubrimiento", destacó el fiscal Alberto Mendivil, quien también advirtió sobre posibles vínculos con delitos como lavado de activos.

Prófugo de la ética

La participación de un policía en la filtración de datos confidenciales genera indignación y pone en la mira la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Mientras cinco personas permanecen detenidas por este caso, se espera que RF enfrente una audiencia imputativa en las próximas 48 horas. Las acusaciones incluyen encubrimiento, obstrucción a la investigación penal y abuso de autoridad.

El fiscal Mendivil enfatizó que el caso sigue abierto para desenmascarar la red completa y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. "No podemos permitir que los intereses personales manchen la justicia y el bien común", concluyó.