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ATE Jujuy exige mejoras salariales: ¿habrá acuerdo en la paritaria de este miércoles?

El gobierno provincial convocó al gremio estatal para una nueva ronda de negociaciones. Los trabajadores estatales reclaman un aumento salarial acorde a la canasta básica, recategorización y un bono de fin de año.

QPJ JUJUY

En un nuevo capítulo de las negociaciones salariales en Jujuy, el gobierno provincial ha convocado a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para una reunión este miércoles. El encuentro busca destrabar el conflicto salarial que mantiene en vilo a los trabajadores estatales, quienes reclaman mejoras en sus haberes ante la escalada inflacionaria.

Desde el gremio, se adelantó que se exigirá un aumento salarial que permita a los empleados públicos recuperar el poder adquisitivo perdido. Además, se solicitará la recategorización de los trabajadores en todos los sectores, un bono de fin de año y la regularización de la situación laboral de los contratados, con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral y el acceso a mejores condiciones de trabajo.

La convocatoria del gobierno provincial se produce luego de un mes de tensiones entre ambas partes. En la última negociación, el Ejecutivo provincial ofreció un aumento salarial del 4%, propuesta que fue rechazada de plano por ATE. Este rechazo motivó una serie de medidas de fuerza por parte de los trabajadores estatales, quienes llevaron a cabo diversas acciones para visibilizar sus reclamos.

Los ojos de la comunidad jujeña están puestos en esta nueva reunión paritaria. Los trabajadores estatales esperan que el gobierno provincial presente una propuesta salarial que satisfaga sus demandas y permita alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. Por su parte, el gobierno deberá encontrar un equilibrio entre las necesidades de los empleados públicos y las posibilidades financieras de la provincia.

En las próximas horas se conocerán mayores detalles sobre la agenda de la reunión y las expectativas de ambas partes. La resolución de este conflicto salarial tendrá un impacto directo en la vida de miles de trabajadores estatales y sus familias.

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