Comunidades indígenas evalúan acciones contra los desalojos en Jujuy
Distintos pueblos originarios se pronunciarán sobre lo que ocurre en sus territorios frente al avance de privados con connivencia de la justicia y el Estado provincial.
Son varias las comunidades indígenas que desde hace meses vienen sufriendo el avance sobre los terrenos comunitarios que habitan, situación que debería no ocurrir en tanto sigue vigente la Ley Nacional 26.160 donde se declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias de todo el país, frente a ello, hoy se realizará una asamblea abierta para discutir sobre los desalojos.
En la mañana de hoy, se convocaron bajo la consigna en resguardo del territorio y defensa de la vida, las distintas comunidades abordarán la problemática por la cual atraviesan, subrayando que se cumpla con la ley 26.160 y se suspendan todos los desalojos en las comunidades preexistentes de la provincia, dado que la ley tiene vigencia hasta el 23 de noviembre de 2021.
Asimismo, se debatirá sobre la implementación de una ley que contemple la propiedad comunitaria indígena que garantice la seguridad jurídica de las mismas y como consecuencia, la seguridad de las comunidades.
Cabe consignar que son diversas las comunidades que están siendo afectadas por el avance de empresas y privados que dicen ser propietarios de los terrenos en disputa.
El caso más resonante fue el de la comunidad Tusca Pacha en Palpalá, cuando un imponente operativo policial arremetió con balas de goma y gases lacrimógenos contra las familias, sin importar la presencia se niñas y niños (que también recibieron golpes) y mujeres embarazadas.
La polémica surgió ya que entre los socios de la inmobiliaria Sucre (que dice ser dueña del lugar) se encuentra Javier Gronda, actual secretario de Asuntos y Relaciones Municipales. Sin embargo, no es el único caso.
También se encuentra la comunidad de La Quiaca Vieja, que desde el gobierno provincial impulsó la expropiación de tierras a precio vil para desarrollar la Zona Franca de la ciudad fronteriza. Incluso, ante la negativa de aceptar la venta de sus tierras, tanto el gobierno jujeño como la empresa estatal JEMSE habían notificado el inminente desalojo, por lo que desde la municipalidad, bajo la órbita de Blas Gallardo salieron a manifestar su apoyo a la comunidad.
También existen otras comunidades que mantienen conflictos con privados, tal es caso de Las Capillas del Pueblo Ocloya, que días antes uno de sus integrantes sufrió un atentado contra su vivienda; como así también el Pueblo de Tilián, por citar algunos ejemplos. En todos los casos, las comunidades son amenazadas por quienes dicen tener propiedad sobre el territorio en cuestión.
Fuente: Jujuy Dice
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