Condenan a dirigentes del SEOM en un intento de "disciplinar" al gremio

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales sostiene un plan de lucha contra la precarización laboral, en busca de concretar el pase a planta permanente. Mientras un gran número de trabajadores se ha manifestado en toda la provincia, la Justicia de Jujuy resolvió condenar a dirigentes gremiales por una causa del año 2015 a realizar trabajos comunitarios.

Desde el gremio, apuntan a un intento de disciplinamiento por parte de las autoridades provinciales a fin de condicionar las medidas de fuerza vigentes.

"Esta avanzada del Poder Judicial jujeño coincide con la profundización de las medidas de fuerza que actualmente lleva el SEOM Jujuy, exigiendo la efectiva desprecarización laboral a través de la planta permanente, la reincorporación de despedidos, entre otras demandas gremiales, reclamos visibles en las rutas de toda la provincia", señalaron en un comunicado.

Lo cierto, es que el dirigente jujeño Carlos "Perro" Santillán, Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM-Jujuy) y Secretario del Interior de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), fue condenado a realizar tareas comunitarias junto a otros referentes del sindicato: Santiago Seillant, Alberto Arias y Alvaro Sandoval, en una causa por usurpación de tierras en el Barrio de Campo Verde, situado en San Salvador de Jujuy.

"El Perro Santillán y el SEOM demostraron que la solidaridad de las trabajadoras y los trabajadores ocupados no debería limitarse a sus propias reivindicaciones sindicales y mirar para otro lado ante el sufrimiento de sus hermanos", resaltaron desde Convocatoria Segunda Independencia.

Repasando un poco la historia, el 5 de mayo del 2015, los dirigentes condenados acompañaron a alrededor de 1500 familias que se convocaron a plena luz del día, en un predio del Barrio Campo Verde; en ese entonces el Gobierno de Fellner favorecía a organizaciones como la Tupac Amaru y no le daba respuestas a la demanda habitacional a los sectores que estaban representados por el Perro Santillán, que luego de años de intentos fallidos de negociación por el acceso a la vivienda no tuvieron más remedio que recurrir a la ocupación pacífica de un predio sin alambre perimetral. Pasadas algunas semanas, cuando se debilitó la amenaza de un desalojo represivo, los dirigentes condenados se desvincularon totalmente sin que los puedan acusar de haber lucrado o tener algún beneficio personal por el hecho aludido.

La defensa legal de los dirigentes planteó la suspensión del Juicio a prueba ante la amenaza de un juicio abreviado inminente que incluía sentencias de prisión efectiva por tres años para los dirigentes jujeños. Cabe mencionar que la causa estaba a punto de prescribir.