El Comité para la Prevención de la Tortura y una profunda investigación en Jujuy

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) investigará la situación de las presas políticas de Jujuy, a partir de una denuncia de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).

Luego de la visita de referentes de derechos humanos a la provincia, entre el 11 y el 13 de octubre pasados, la organización envió una nota al Comité denunciando que las mujeres detenidas en el marco de las causas vinculadas con la organización Tupac Amaru sufrían torturas en su prisión domiciliaria.

En la nota, firmada por el presidente de la LADH, José Schulman, se detallaban las condiciones en que encontraron a Graciela López, Adriana Condorí, María Condorí y Patricia Cabana, todas ellas habiendo cumplido además los dos tercios de sus condenas, por lo que deberían estar ya en libertad condicional.

Tras la presentación, el CNPT decidió impulsar una investigación sobre la situación de las detenidas. «En el día de hoy se comunicó telefónicamente la funcionaria Sabrina Cuenca, con quien convenimos concentrar la atención en el caso Graciela López y procurar medidas de emergencia que preserven su salud física», relató Schulman a El Submarino Diario.

Sobre la situación de Graciela López, describieron que estaba «con la piel lastimada, quemada por el dispositivo que se le incrusta en el tobillo» y que «fue sometida a esperar horas en un patio frío para que la atienda algún médico».

«Frente al fuerte dolor, ahora ya no pide salir al médico ni solicita atención psicológica, ya que el maltrato continuo es intolerable», agregaron.

Respecto de Adriana Condorí, detallaron: «Al no tener tobillera, la llaman por teléfono de madrugada para controlar su permanencia en la prisión domiciliaria. Ella corre asustada, a oscuras, para no demorarse y atender pronto. Entonces la ‘verduguean' preguntándole si había incumplido y la amenazan con volver a encerrarla. Siempre atiende, aunque sean las 4 de la mañana, pero como si no lo estuviera haciendo, invariablemente la amenazan».

En el caso de María Condorí, relataron que «unx de sus hijxs tuvo un accidente, llamó a sus carcelerxs para que la autorizaran en forma urgente llevarlx para que lo atendieran en la salita sanitaria que está a dos cuadras de la vivienda» pero «le denegaron el permiso con una deshumanización y desidia repugnantes».

Sobre Patricia Cabana, remarcaron la «crítica situación alimentaria de lxs hijxs y de ella misma, la imposibilidad de pagar los servicios, a veces la lleva a pensar que antes de la domiciliaria, aun en una situación de mayor aislamiento y en encierro más duro, por lo menos comían».

«En todos los casos no hay cumplimiento de la atención médica, sanitaria, psicológica y alimentaria», afirman en la denuncia.

Fuente: El Submarino de Jujuy