Aseguran que Sala nuevamente es víctima de una operación judicial

Ariel Ruarte, abogado defensor de Milagro Sala, consideró como «otro avance del Lawfare» a la causa que se sigue contra la dirigente social y otras cinco personas por haber promovido incidentes durante una protesta vecinal y que el viernes fue elevada a juicio.

El letrado sostuvo que el procedimiento de elevación a juicio está suspendido y fue «recurrido producto de la incompetencia del juez» de Control Número 1 de Jujuy, Gastón Mercau, quien armó una imputación «de forma precaria» sobre la base de «una supuesta incitación a la violencia que no está acreditada».

Los incidentes sucedieron en el barrio de Campo Verde, cuando vecinos protestaban en contra de la decisión del gobierno local de construir un colegio secundario en un único parque de la zona.

El conflicto derivó en operativos policiales, uno de ellos realizado el 8 de marzo, cuando varios uniformados reportaron haber recibido «heridas de consideración», según difundió durante la semana pasada la justicia jujeña, al informar que Mercau había dispuesto la elevación a juicio de la causa.

"Atentado a la autoridad" es el delito imputado a las cinco personas y también a la dirigente social, sindicada como «determinadora directa» del mismo, bajo el argumento de que, desde su casa, donde permanece con prisión domiciliaria, habría mantenido una conversación telefónica en la que habría instigado a cometer la agresión contra la autoridad policial.

"Apelé la elevación a juicio en base a varias razones, la primera es que el juez no es el competente. Esto es un avance del Lawfare», comentó Ruarte a Télam y explicó que el delito que se investiga debería ser investigado por el juez de Control en lo Penal Económico Rodolfo Fernández.

Al respecto, fundamentó que Mercau «es un juez ordinario», y apuntó que «de los tres fiscales intervinientes en el proceso, dos avanzaron entendiendo lo mismo».

Otra razón de oposición es que el fiscal que tomó el audio en el cual se origina la supuesta participación de Sala, lo hizo "de manera arbitraria".

"Decide arbitrariamente que cuando la voz femenina que se escucha habla de que tienen que ser muchas personas eso ya es indicio de una resistencia con violencia. De ninguna manera puede entenderse así una manifestación que sea cuantiosa", sostuvo Ruarte.

En tanto, señaló que la supuesta prueba fue colectada en base a una autorización por otro expediente, y recordó que «el sistema legal señala que debe haber una resolución de un juez autorizando este tipo de escuchas»

«En este caso se utilizó una autorización de otro expediente, que además señala expresamente que la escucha está dada para averiguar otro delito en el cual no tenemos ninguna participación ni mi defendida ni yo, es decir que tampoco cuenta con la autorización que se necesita a los fines de una excepción", argumentó el abogado.

Respecto a la recolección de la prueba, observó que también "fue al margen del sistema constitucional porque de ninguna manera se puede explicar por qué eligieron justo de entre todas las voces femeninas la provincia de Jujuy, la de Sala".

"El fiscal tiene que actuar de manera razonada, no puede hacerlo en base al prejuicio de que cada vez que se inicie una causa se investigue qué vinculación tiene Milagro", resumió.

Fuente: El Submarino de Jujuy