Imputaron al titular de Socco Viviendas como "presunto autor del delito de estafa"
La Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos busca el resarcimiento inmediato de la denunciante que días atrás quiso atentar contra su vida.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza con una investigación a Socco Viviendas, la empresa que fue clausurada por tener más de 30 denuncias en Defensa del Consumidor y no presentarse a ninguna audiencia, y ya informaron que el titular de dicha empresa se encuentra imputado como el presunto autor del delito de estafa.
Si bien fue un caso en particular el disparador, como Victoria, existen al menos otros 30 damnificados que esperan respuesta. El martes, la denunciante intentó quemarse a lo Bonzo envuelta en la desesperación por haber invertido todos sus ahorros para la compra de una vivienda que nunca llegó.
Sobre esto, el MPA remitirá el expediente a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos que es un sistema que permite que las víctimas de un delito obtengan rápidamente satisfacción y resuelva su conflicto a través de la mediación, conciliación y la reparación.
Es menester aclarar que fue a partir de la denuncia penal contra la empresa, que ahora la damnificada podrá encontrar un resarcimiento a los daños que le fueron ocasionados a ella y su familia.
Según informó El Tribuno, ayer en la tarde se presentó espontáneamente en el MPA, junto a su abogada, el propietario de Socco Viviendas, quien estaba residiendo en la provincia de Salta. El Agente Fiscal le hizo conocer que está imputado como presunto autor del delito de "estafa".
En la jornada de ayer, el titular de Defensa del Consumidor, Sebastián Albesa se puso a disposición del MPA para facilitar los expedientes de las 30 denuncias que motivaron la clausura de Socco Viviendas. A su vez, aclaró en diálogo con Que Pasa Jujuy, que la clausura fue impuesta por 15 días, a los fines de que no siga comerciando para evitar personas que se encuentren afectadas a futuro, y que enviaron grupos de inspectores a la mencionada sede donde constataron el ilícito.
"Los inspectores han constatado la ausencia de la faja de clausura y han vuelto a ponerla, advirtiendo que sacar o romper la faja de clausura constituye un delito penal. Nosotros estamos esperando que la empresa se presente", indicó.
Socco Viviendas
La empresa denunciada e investigada por la Justicia jujeña, es de origen salteño. De acuerdo al Boletín Oficial de esa provincia, Socco Viviendas tiene como socio principal a Daniel Facundo Córdoba, de profesión administrador de empresas. En el acta constitutiva de la Sociedad Anónima Simplificada, publicada en el año 2019, incluye además a Silvana Marisel Zapata, comerciante, a Joana Celeste del Milagro Campos, comerciante, y a Matías Adrián Gonzales, tasador profesional, como integrantes de la misma.
Si bien su fuerte es la construcción y comercialización de viviendas prefabricadas, los objetos de la sociedad contemplan algunas actividades más como la construcción de obras públicas, operaciones inmobiliarias, alquiler de maquinarias y asesoramiento profesional y consultoría en todo lo referente a publicidad, arquitectura, ambiente, urbanismo, geología y topografía.
De acuerdo a dicha publicación, el capital de la empresa no llega a los 34 mil pesos, dividido en acciones, donde Córdoba, es el socio mayoritario con más de 20 mil.
Preocupante historial
Mientras 30 víctimas jujeñas esperan que Defensa del Consumidor lleve a la Justicia penal su grave situación, resulta menester recordar que no hace mucho, a mediados del 2021, se efectuaron allanamientos a inmuebles en razón de una causa abierta en San Luis y que también relaciona a Socco con estafas.
Pero no tan solo en San Luis, en La Pampa, más precisamente en General Pico numerosas denuncias también esperan explicaciones de la empresa y sus directivos. Según el expediente que se tramita en esa provincia, varios piquenses denunciaron que fueron estafados por la firma con sede en Salta, prometiendo la construcción de viviendas en la provincia pampeana y resto del interior del país, sin cumplir con lo pactado.
Ya en aquel momento, se secuestró teléfonos celulares de alta gama, documentación consistente en operatorias bancarias, contratos e información digital de movimiento de cuentas y logística.
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