Concejal asegura que el Presupuesto de Jujuy "está lejos del equilibrio"
El ministro de Hacienda, Carlos Sadir sostuvo que no hay déficit fiscal en la provincia.
El economista y concejal por San Salvador, Gastón Remy, analizó el presupuesto provincial 2023. Explica por qué la realidad lejos está del «equilibrio» y el «sentido común» que afirman desde el oficialismo al defender el proyecto oficial que se votaría este miércoles 30/11 en la Legislatura.
El proyecto de presupuesto ingresado a la Legislatura por el gobierno contempla ingresos totales por $394.427 millones y gastos totales por $403.621 millones.
Respecto al presupuesto 2022 los ingresos y los gastos aumentan 106% y 98%, respectivamente, en línea con la inflación anual estimada en 99,6 (Banco Central, REM, oct.-22).
A excepción del presupuesto para Seguridad, Cultura y Educación, Ciencia y Técnica, el resto de los rubros por finalidad recibirían ajustes al aumentar los fondos por debajo de la inflación.
El gasto en bienestar social es el que tendrá un fuerte recorte dado que aumentaría un 61% respecto al presupuesto 2022, muy por debajo de la inflación proyectada para el 2023.
Pero no solo aplicarán este ajuste por inflación al presupuesto para los más necesitados; sino que en una provincia con enormes desigualdades sociales los fondos para bienestar social son realmente miserables. Si se repartiera este presupuesto ($23.890 millones) entre las y los 126.324 trabajadores registrados en la "economía popular", cada uno recibiría 518 pesos por día.
En obra pública también se registrará un ajuste significativo por inflación. La inversión real directa tan solo aumentaría un 71% frente a una inflación casi del 100% estimada para el año próximo. Los datos matan el relato del "Plan Maestro" del Gobernador.
Otro rubro que también sufrirá un ajuste respecto a la inflación es salud dado que los fondos para 2023 solo subirían un 92% respecto al presupuesto de este año.
El gasto en personal alcanzaría los $205.060 millones y representa el 64% del gasto corriente ($326.863 millones), no el 80% del gasto como afirmó el ministro de Hacienda.
Respecto a los salarios se presupuesta una suba de los fondos destinados al personal del 109%. Hay que aclarar que, si bien visto desde hoy estos fondos podrían empatar o ganarle por algunos puntos a la inflación, en caso que realmente no se dispare, la realidad desde 2018 en adelante es de un gobierno que fija paritarias por debajo de la inflación. Con gremios que se mantienen genuflexos antes las autoridades, ¿Por qué en 2023 sería diferente?
En materia salarial lo que no admitirá cambio alguno es la distancia que tienen las mayorías de los ingresos del personal estatal respecto a la canasta familiar. Estando el 95% de los estatales en la pobreza según afirmara el gremio UPCN.
Pero en la Jujuy de los poderosos el gobierno provincial y nacional se encarga que esas familias no pierdan sus privilegios. A los grandes terratenientes les asegurarán $15.058 millones por el Fondo Especial del Tabaco (equivalente al 63% del presupuesto de bienestar social). A los dueños de las empresas de colectivos les llegarán de Nación $3.521 millones en concepto de subsidios (SISTAU y Fondo Compensador).empresas de colectivos les llegarán de Nación $3.521 millones en concepto de subsidios (SISTAU y Fondo Compensador).
Otro «bendecido» por la mano del Gobernador es el grupo Budeguer, quien se quedó con el Ingenio La Esperanza y no aportará ni un peso al fisco por 10 años (fue eximido de impuestos provinciales por Ley 6285).
Pero sin dudas el cuadro de honor al saqueo se lo vuelven a llevar las compañías mineras que tendrán el beneficio de tan solo abonar 90,2 millones en concepto de regalías (canon). Esta última cifra equivale al 0,2% de toda la recaudación por impuestos provinciales. Mientras tanto, "Sales de Jujuy" con la venta del litio obtendría ganancias por 500 millones de dólares este año, el equivalente al 20% del total de ingresos del presupuesto 2023.
Para finalizar, el gobierno presenta un resultado financiero negativo por 9.194 millones, o sea, un déficit. Un resultado que desde 2020 en adelante no se corrobora en la realidad donde el gobierno viene obteniendo un superávit, alcanzado centralmente por ajustar los salarios por debajo de la inflación.
Este superávit fiscal es utilizado, junto con nuevos endeudamientos y la postergación de pagos a proveedores para cumplir con el pago de la deuda pública. En 2023 el pago de deuda ("aplicaciones financieras") aumenta ni más ni menos que un 193% (de $8.703 millones a $25.521 millones). Esto responde al impacto del vencimiento de capital del endeudamiento para la construcción del parque solar Cauchari ("Bono Verde" y crédito con Eximbank) que se suma al resto de la deuda con organismos internacionales y el Estado nacional.
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