Alberto Fernández pidió que aparten de la causa al fiscal que lo investiga por violencia de género

 Mediante un escrito de 23 páginas, la abogada defensora del exmandatario presentó los motivos por los que pidieron recursar a González, al mismo tiempo que solicitaron que el expediente pase a otra fiscalía.

La defensa de Alberto Fernández, a cargo de la abogada Silvina Irene Carreira, asegura que hay circunstancias suficientes que "afectan los principios de objetividad, legalidad y oficialidad del magistrado Dr. Ramiro Gonzalez", por lo que se pondría en riesgo la imparcialidad que el proceso judicial requiere.

En el documento que trascendió, los argumentos piden desde la suspensión de los testigos propuestos por Fernández, la imposibilidad de controlar la copia forense del celular de Fabiola y el rechazo a presenciar la declaración testimonial Fabiola Yañez. "Se violentó el principio de igualdad de armas", expresa el escrito.

Prohibicion de participar en audiencia testimonial de Fabiola Yanez: la defensa expresó que esta exclusión impidió que la abogada participara activamente, lo que, según ella, vulnera el derecho a la defensa y rompe la "paridad de armas" entre las partes.

Filtraciones a medios periodísticos: la letrada afirmó que fue forzada a transcribir la declaración de la ex primera dama durante varios días para evitar filtraciones a la prensa. Sin embargo, según sostiene, la misma fiscalía filtró el contenido de las declaraciones a los medios. "Es sencillamente bochornoso", indica en el documento.

La suspensión de las audiencias propuestas por la defensa: Carreira sugiere que fueron suspendidas a causa de una presentación de la querella, que alegó irregularidades por parte de los testigos propuestos. En esta línea, la defensa asegura que no hubo ninguna conducta ilegal y considera esta denuncia como una maniobra para favorecer a la acusación de Fabiola Yañez.

Diferencia de criterios en relación a otros testigos: la abogada del ex jefe de Estado, afirmó que el fiscal González mantuvo reuniones previas con María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández, y con Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos, sin permitir la participación de la defensa. Por este motivo, considera que se trata de una violación a las normas de transparencia del proceso, afectando la imparcialidad.