Comida cruda y colchones viejos: porteños explotaban laboralmente a obreros norteños
Trabajaban en condiciones infrahumanas. Así los rescataron.
En un operativo llevado a cabo por la Dirección General Impositiva (DGI) y ordenado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, fueron detenidos un contratista, un empresario y un arquitecto acusados de explotación laboral a 24 trabajadores en el lujoso complejo inmobiliario Nordelta, en Tigre.
Los allanamientos se realizaron en el Delta Center, un proyecto de lujo ubicado frente a la rotonda de acceso a la nueva vía a Nordelta. Los detenidos fueron identificados como Carlos D. Ch., contratista; Pablo P., inversor y empresario hotelero; y Walter M., arquitecto. Un cuarto sospechoso, identificado como R.P., se encuentra prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.
Las pésimas condiciones, donde trabajaban los obreros salteños.
Los trabajadores, provenientes de Salta, vivían en condiciones deplorables y eran sometidos a largas jornadas laborales de hasta 14 horas diarias sin remuneración. En sus testimonios, los obreros relataron que eran obligados a dormir hasta 35 personas en una misma habitación, utilizando colchones viejos y recibiendo alimentos en malas condiciones.
"Nos obligaban a dormir hasta 35 personas en una habitación, con colchones viejos y comida casi cruda. Al principio nos daban buena comida, pero después solo polenta. Nos deben meses de trabajo", contó uno de los obreros al medio InfoSalta.
La investigación reveló que los trabajadores no estaban registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y se estima que en los últimos dos años habría alrededor de 150 víctimas de esta explotación laboral. Durante el operativo, se realizaron diversas actas en las que los obreros describieron las condiciones inhumanas a las que eran sometidos, tanto en el ámbito laboral como en el de salud.
Así eran obligados a convivir los salteños en Nordelta.
El complejo inmobiliario Delta Center, donde ocurrieron los hechos, cuenta con un terreno de 6.300 m² sobre la ruta 27 y tiene 172 unidades residenciales de entre 43 y 185 metros cuadrados. La investigación continúa para asegurar que se haga justicia y se proteja a los trabajadores de futuras explotaciones.
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