Gendarmes con una camioneta oficial se robaron mercadería de un depósito judicial de Jujuy
Un sargento y un comandante del Escuadrón 21 de La Quiaca fueron condenados por sustraer bienes del Estado.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy condenó a dos gendarmes, al sargento primero D.A.M. a tres años de prisión condicional por malversación de caudales públicos y al comandante P.D.G. a dos años de prisión condicional e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena por incumplimiento de deberes de funcionario público. Ambos pertenecían al Escuadrón 21 de La Quiaca.
La investigación se inició el 17 de marzo de 2022, cuando el jefe del Escuadrón, comandante principal Víctor Manuel Alcoba, denunció la desaparición de mercadería del depósito judicial. El hecho ocurrió un mes antes, el 17 de febrero, y fue descubierto gracias a un informe interno del cabo primero Wilson Schenholtz.
Según el informe, el sargento Maidana, encargado del depósito de secuestros, sustrajo mercadería en una camioneta oficial de Gendarmería. La mercadería incluía tres bolsas de harina, una de azúcar, botellas de aceite y paquetes de hojas de coca. D.A.M. alegó que la mercadería era para donar a una iglesia en La Quiaca, presentando un acta como justificación.
El comandante P.D.G., segundo jefe del Escuadrón, fue informado del hecho pero ordenó que no se dejara constancia en el libro de novedades, lo que permitió la impunidad de la maniobra.
Al respecto, el fiscal federal Sebastián Gabriel Jure argumentó que D.A.M. violó su deber de custodia y administración de los bienes del depósito, mientras que P.D.G. incumplió sus deberes de funcionario público al no denunciar el hecho. La fiscalía presentó pruebas testimoniales y documentales que acreditaron el relato del testigo Schenholtz y la responsabilidad de los acusados.
Por su parte, el tribunal determinó que D.A.M. extrajo la mercadería sin autorización judicial, bajo el pretexto de una donación, utilizando un vehículo oficial de Gendarmería. En cuanto a los suboficiales absueltos, el tribunal aplicó el principio de "In dubio pro reo", concluyendo que no había pruebas suficientes para destruir el principio de inocencia que los ampara.
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