Atauche y Bedia votaron en contra de que los abuelitos tengan mejores sueldos

El Senado de la Nación aprobó la nueva ley de movilidad jubilatoria con 61 votos a favor y 8 en contra, modificando el modelo inicialmente propuesto por el Ejecutivo a través de un DNU. En la bancada de Jujuy, Carolina Moisés, de Unión por la Patria, apoyó la iniciativa, mientras que Ezequiel Atauche y Vilma Bedia, de La Libertad Avanza, votaron en contra, alineándose con la postura del Gobierno nacional. Este rechazo fue duramente cuestionado, ya que la oposición argumenta que Atauche y Bedia están priorizando intereses partidarios por encima de las necesidades de los jubilados jujeños.

La ley aprobada incluye una actualización mensual de los haberes basada en el IPC, con un empalme adicional del 8,1% para compensar la insuficiente suba del 12,5% otorgada por el Gobierno frente a la inflación del 20,6% en enero. Este mecanismo garantizará que el haber mínimo cubra la canasta básica del adulto mayor, un avance que fue bloqueado por Atauche y Bedia, quienes desestimaron la importancia de asegurar ingresos dignos a los sectores más vulnerables.

Otro punto de debate fue la retroactividad de los ajustes, que la oposición logró fijar desde febrero, en contraposición a la propuesta oficialista que pretendía aplicarlo desde julio. Además, la ley incorpora un adicional anual del 50% de la variación entre el RIPTE (salario promedio) y el IPC, permitiendo mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Esta disposición fue resistida por el Gobierno, pero fue aprobada tal como llegó desde la Cámara de Diputados.

Durante las discusiones, Atauche y Bedia se mostraron alineados con las políticas del oficialismo nacional, rechazando la prioridad de pagar juicios por reajustes de haberes y deudas con cajas previsionales provinciales utilizando fondos específicos de la ANSES, lo que muchos consideran un acto de desinterés por las necesidades de los jubilados jujeños. Estos posicionamientos han generado fuertes críticas, al señalarse que ambos senadores ponen por delante intereses partidarios antes que el bienestar de sus representados.

El Senado también aprobó un proyecto que establece penas de 5 a 15 años de prisión para quienes entreguen o reciban ilegítimamente a menores de edad, un avance que busca proteger los derechos de los más vulnerables.