Causa Caspalá: exfuncionarios jujeños serán imputados en vísperas de Navidad
Las imputaciones se dará en el marco de la causa federal que investiga la intención de construir una escuela en un sector comunitario de Caspalá y la destrucción de un antigal en una propiedad privada, que habría sido expropiada de manera ilegal.
Entre los acusados se encuentran la exministra de Educación María Teresa Bovi; José Torrejón, funcionario de Infraestructura Educativa; María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación; María Victoria Martínez Fascio, secretaria de Infraestructura del mismo ministerio; Diego Ignacio Montenovi, de la Fiscalía de Estado, y Natividad Apaza, excomisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá.
La audiencia del 23 de diciembre, fijada para las 9:00, será presidida por la jueza federal de Garantías Carina Gregoraschúk y la fiscal Lucía Orsetti, quienes formalizarán la imputación por defraudación a la administración pública.
Por otro lado, Silvana Llanes, abogada representante de la comunidad de Caspalá, indicó que la acusación cuenta con evidencias contundentes que detallan la participación de cada imputado. La audiencia inicial, prevista para el 4 de diciembre, fue postergada debido a un pedido de las defensas para acceder a las pruebas, algo que fue desestimado por la cámara revisora de Salta.
Restricciones y salidas del país
Dos de los imputados, Montenovi y Martínez Fascio, solicitaron permiso para salir del país en enero por vacaciones programadas, pero tanto la fiscal como las querellas pidieron a la jueza que se les prohíba viajar, considerando un posible riesgo de fuga.
Restitución de la cancha y la finca Paralelamente, el Estado provincial tiene hasta el 4 de febrero para reparar los daños causados a la cancha comunitaria y restituir la finca a la familia Cruz Moyoja, en cumplimiento de un acuerdo homologado en la justicia federal. La Legislatura deberá derogar la ley que permitió la expropiación, algo que probablemente no ocurra antes de marzo de 2025, según la abogada Llanes.
"El 4 de febrero debe estar todo resuelto. Cualquier incumplimiento será considerado una falta grave", señaló Llanes a El Submarino de Jujuy, anticipando posibles acciones legales si no se respeta el acuerdo.
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