Victoria Villarruel echó a tres empleados del Senado por ausentarse sin justificación

En una movida sin precedentes, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, ha tomado la decisión de despedir a tres empleados de la Cámara alta debido a ausencias injustificadas. Las resoluciones, fechadas el 12 de enero y firmadas por la secretaria administrativa, María Laura Izzo, revelan casos de empleados que no cumplieron con sus responsabilidades laborales.

En el marco de la resolución 105/24 de la Secretaría Administrativa se detalla que un trabajador de la Dirección de Seguridad y Control acumuló 21 inasistencias injustificadas en los últimos 12 meses. El documento incluye la notificación al agente para regularizar su situación bajo apercibimiento de ley.

Otro caso, recogido en la resolución 106/24, expone el despido de una empleada del Departamento de Mantenimiento Operativo que se ausentó por motivos de salud sin justificación médica en varias ocasiones. La trabajadora fue notificada de las 16 inasistencias injustificadas en los últimos 12 meses y se le instó a regularizar su situación.

En un tercer caso, el empleado en cuestión acumuló más de cinco faltas consecutivas, lo que abre la posibilidad de cesantía. Las medidas adoptadas por Villarruel reflejan su compromiso con la eficiencia y el cumplimiento de las responsabilidades laborales en la Cámara alta.

Sin embargo, la resolución 112/24 también arroja luz sobre una situación peculiar, ya que revela la desactivación de la planta permanente de un empleado que obtuvo su estabilidad laboral tres días después de las elecciones generales del 25 de octubre pasado. Este caso apunta a posibles irregularidades en la formalización de la planta permanente.

Estos despidos se producen en medio de un contexto de debate sobre el presentismo en el ámbito estatal, y se suman a las recientes medidas tomadas en la Cámara de Diputados, donde se ha eliminado una normativa que eximía del control de presentismo a ciertos cargos jerárquicos. La medida, que entrará en vigencia el 1 de febrero de 2024, generó reacciones diversas entre los empleados del Palacio Legislativo.

El panorama de cambios en la administración de recursos humanos en el ámbito legislativo refleja la búsqueda de mayor eficiencia y transparencia por parte de las autoridades, pero también plantea desafíos y cuestionamientos en el seno de los trabajadores del Congreso.