EJESA y Agua Potable imputadas por cobrar impuestos municipales en sus boletas

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, imputó a 95 empresas por incluir en sus facturas tasas o cargos ajenos al contrato de servicio, en una medida que afecta a varias provincias del país, incluida Jujuy. Entre las compañías imputadas se encuentran EJESA y Agua Potable de Jujuy, cuyos cobros indebidos generaron la preocupación de los consumidores.

La imputación se basa en el incumplimiento de la resolución 267/2024, que entró en vigencia el 11 de octubre y prohíbe la inclusión de tasas como alumbrado, barrido y vigilancia en las facturas de servicios públicos. Esta medida tiene como objetivo garantizar que las facturas solo contengan cargos directamente relacionados con el servicio contratado por el consumidor.

Las sanciones para las empresas que no cumplan con la resolución pueden superar los 2.000 millones de pesos, según lo estipulado en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Las empresas imputadas tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo, y quienes no se adecuen a la normativa enfrentarán severas sanciones económicas.

Esta iniciativa surge en respuesta a la creciente preocupación por la inclusión de cargos no autorizados, lo cual ha sido considerado como una violación al artículo 42 de la Constitución Nacional. Además, la Secretaría de Comercio habilitó un canal de denuncias, recibiendo hasta el momento más de 2.700 reclamos.

El gobierno nacional también ha instado a los intendentes a que busquen alternativas para cobrar estas tasas directamente a los vecinos, sin recurrir a las facturas de servicios públicos. Sin embargo, algunos municipios, en especial en el Conurbano bonaerense, han logrado amparos judiciales para mantener esta práctica debido a la necesidad de financiamiento para áreas como seguridad y alumbrado público.

EJESA y Agua Potable de Jujuy ahora deberán enfrentar este proceso legal y podrían verse obligadas a devolver lo cobrado ilegalmente, mientras el Ejecutivo avanza en la implementación de la nueva normativa.