El Consejo Interuniversitario encendió las alertas por lo ocurrido en Jujuy

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó hoy su «extrema preocupación» por los hechos de violencia ocurridos en Jujuy y se declaró en «alerta», después de que efectivos de la policía de esa provincia irrumpieran en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU).

«El CIN manifiesta su extrema preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy que avasallan a las instituciones universitarias de nuestro país», indicó el consejo en un comunicado.

El organismo señaló que la intención del Gobierno de Gerardo Morales de expropiar tierras en las que se encuentra el Sitio Arqueológico del Pucara en el Centro Universitario Tilcara, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), «pone en alerta al sistema universitario en su conjunto puesto que, por un lado, desconoce las competencias asignadas por la constitución provincial al Congreso local como único órgano competente para aprobar una eventual ley de expropiación por causa de utilidad pública».

«Por el otro, trata de expropiar un espacio universitario que, desde 1949, viene desarrollando actividades de extensión muy relevantes, bajo fundamentos basados en prejuicios sobre sus trabajadores no docentes y docentes, muchos pertenecientes a pueblos originarios», añadió el CIN.

Y repudió que la Policía de Jujuy haya ingresado ayer al predio de la UNJU, cuando se encontraba en sesiones el Consejo Superior, «generando otro hecho que produce una violación a la autonomía universitaria y a la Ley de Educación Superior N° 24.521, que en su artículo 31 dispone la prohibición expresa del ingreso con la excepción de una autorización judicial o solicitud de autoridad universitaria, supuestos que no se respaldaron en dicho ingreso».

«Los rectores y las rectoras de la universidades públicas argentinas reafirmamos el compromiso con la educación pública en general y las universidades argentinas en particular, entendiendo que se trata de un bien público y social que el Estado debe garantizar, bajo el cumplimiento estricto de las normas y el respeto por la autonomía universitaria, lo que exigimos a las autoridades competentes», expresó el CIN en el documento, firmado por su presidente, Carlos Greco, y por su vicepresidente Víctor Moriñigo.