El duro castigo para los organizadores de piquetes: conocé de que se trata

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compareció ante la Cámara de Diputados para esclarecer la postura del Gobierno de Javier Milei con respecto a la aprobación de la Ley Ómnibus. En una exposición inicial, Bullrich aclaró un malentendido relacionado con la regulación de las protestas sociales y confirmó la retirada de un polémico artículo.

"Lo primero que voy a hacer es una aclaración: hubo una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para la reunión de 3 personas. Eso está vinculado a la ley de tránsito y no a la general", señaló Bullrich, asegurando que el objetivo es retirar ese artículo de la Ley Ómnibus.

La ministra destacó la importancia de mantener la razonabilidad en las protestas sociales para lograr un país en orden capaz de generar empleo. Argumentó que entre 2009 y 2023, se registraron 85,200 piquetes y manifestaciones, con un promedio de 815 cortes mensuales.

Subrayó las pérdidas económicas, la interrupción de las actividades comerciales y laborales, y abordó la problemática de la pérdida de autonomía y voluntad de las personas bajo la presión de los organizadores de las protestas.

"Hacen los piquetes con una capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes, como la pérdida de un plan social, y esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de las personas, las somete. Ahí aparece la figura del organizador, que extorsiona a la gente", especificó Bullrich.

En relación a las sanciones propuestas para los organizadores de piquetes, la ministra advirtió que habrá una pena mayor de 3 a 6 años de prisión. Además, indicó que los organizadores serán solidariamente responsables del pago de los daños que ocasionen en el patrimonio público y privado.

En el centro de la polémica se encontraba el artículo 331 del proyecto, que definía las reuniones o manifestaciones como una "congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público". Bullrich aclaró que estas reuniones no requerirán notificación previa al Ministerio de Seguridad y que se retirará dicho artículo del proyecto.

La ministra también abordó la propuesta de cambio en el concepto de legítima defensa, orientada a otorgar mayor protección a los agentes de fuerzas de seguridad. Bullrich enfatizó que la proporcionalidad de la respuesta debe interpretarse siempre en favor de la prevención de delitos y la protección de la vida.