El gobierno de Milei suspendió a más de 8.000 cooperativas: los motivos

En un movimiento significativo, el Gobierno argentino, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), suspendió la autorización para funcionar a 8.588 cooperativas y 673 mutuales debido a diversas irregularidades. El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, llevó a cabo una auditoría exhaustiva que reveló estos datos alarmantes.

El relevamiento del INAES no solo resultó en la suspensión de estas entidades, sino que también puso en proceso de suspensión operativa y sumarios a otras 7.887 cooperativas y 418 mutuales. Las irregularidades detectadas incluyen la falta de presentación de documentación requerida, como registros de asambleas, cambios de autoridades y rendición de cuentas de los subsidios recibidos durante la gestión de Alberto Fernández. Estas organizaciones ahora enfrentan el riesgo de perder definitivamente su autorización para operar si no regularizan su situación.

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, las cooperativas y organizaciones civiles fueron beneficiarias de importantes sumas de dinero por parte del Estado. La administración de Fernández destinó un total de $29.966.430.7266.000 a estas entidades, de los cuales $18.391.880.742 fueron otorgados a través de la Secretaría de Economía Popular, liderada por Emilio Pérsico del Movimiento Evita. Los restantes $11.574.549.984 provinieron del INAES.

Las principales beneficiarias de estos fondos fueron cooperativas y entidades civiles vinculadas a organizaciones sociales como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC y Barrios de Pie. Durante este período, dirigentes de estas organizaciones ocuparon cargos claves en el ex Ministerio de Desarrollo Social, encargado de la distribución de estos recursos a través de programas como Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar. Solo ocho cooperativas, asociaciones y una federación de cooperativas de trabajo vinculadas a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) recibieron alrededor de $5 mil millones.

Un integrante de la Casa Rosada calificó los resultados de la auditoría como "sorprendentes", marcando la magnitud de las irregularidades encontradas. La suspensión de tantas entidades pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión de fondos públicos destinados a organizaciones sociales y cooperativas.

La auditoría y las consecuentes suspensiones representan un esfuerzo significativo del Gobierno actual para depurar y regularizar el sector de la economía social y solidaria.