Renunció Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema de Justicia: qué pasó

Manuel García-Mansilla, el juez designado en comisión por decreto presidencial para integrar la Corte Suprema de Justicia, presentó este lunes su renuncia al cargo, en medio de un escenario político y judicial adverso. La decisión, que fue formalizada a través de una carta dirigida al presidente Javier Milei, marca el final de un intento fallido del Ejecutivo por avanzar con una integración del máximo tribunal sin el aval del Senado.

García-Mansilla había asumido el cargo el pasado 27 de febrero en un acto cerrado, sin público ni prensa, en el Palacio de Tribunales. La jura se concretó pese a que su pliego no había sido aprobado por el Senado, como establece la Constitución. La situación generó un fuerte repudio de diversos sectores del arco político y judicial, además de la presentación de amparos por parte de organizaciones civiles que solicitaron la inconstitucionalidad de su nombramiento.

El panorama se volvió insostenible para el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral tras dos hechos clave: el rechazo del Senado a su pliego, por 51 votos, y la medida cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla, que le prohibió intervenir en fallos o decisiones administrativas de la Corte por haber sido designado sin acuerdo legislativo.

En su carta de renuncia, García-Mansilla intentó justificar su designación aludiendo a "la necesidad urgente de integrar el tribunal", aunque reconoció que en 2015 había cuestionado este mismo mecanismo cuando fue utilizado por el expresidente Mauricio Macri. "Fui acusado injustamente de haber engañado a los senadores sobre mi posición", escribió, y lamentó que se utilizara esa supuesta contradicción como argumento para rechazar su idoneidad moral.

Pese a que se especulaba con que consultaría su decisión con los restantes miembros de la Corte, finalmente no lo hizo. El único que se pronunció públicamente fue el juez Ricardo Lorenzetti, quien reiteró que nunca aceptaría ser designado por decreto: "Hay que ser coherentes", afirmó.

La ausencia de García-Mansilla en su despacho desde el viernes, sumada a la presentación de un per saltum por parte del Gobierno ante la propia Corte para suspender la cautelar, fueron leídas en los pasillos judiciales como señales de una salida inminente. Algunos interpretaron la jugada del Ejecutivo como una maniobra para evitar una renuncia forzada y ofrecer una salida más decorosa al magistrado.

Durante los 40 días que ocupó un lugar en el máximo tribunal, García-Mansilla firmó 214 fallos y más de 30 resoluciones administrativas. Entre ellas, el rechazo al pedido de licencia del juez Ariel Lijo, también designado en comisión y aún sin acuerdo, y decisiones controvertidas como el rechazo a calificar como travesticidio el asesinato de la activista trans Diana Sacayán. También participó del sobreseimiento del juez Pedro Hooft, investigado por delitos de lesa humanidad.

En Tribunales se anticipa ahora una oleada de planteos de nulidad sobre las decisiones firmadas por García-Mansilla, ante la falta de legitimidad constitucional en su nombramiento.

Diversas organizaciones -entre ellas el CELS, ACIJ, INECIP, CEPIS y Poder Ciudadano- habían advertido que designar jueces por decreto sin acuerdo del Senado "compromete la estructura del sistema democrático y republicano", al anular los mecanismos de control y romper con la división de poderes. El juez Ramos Padilla, al dictar la medida cautelar, coincidió en ese análisis.

Además de las críticas por el procedimiento, se sumaron cuestionamientos sobre su perfil ideológico y postura pública contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que generó recusaciones en causas de gran sensibilidad social y política.