Desde el lunes regirán cambios en la libre opción entre prepagas

El próximo lunes 2 de diciembre, Argentina dará un giro significativo en su sistema de salud con la implementación de un Establecieron limitaciones en las coberturas de prepagas y obras sociales.jpg Esta medida, anunciada por el Gobierno, busca eliminar la triangulación de fondos que ha caracterizado el sistema durante décadas, permitiendo que los trabajadores dirijan sus aportes directamente a las entidades de salud elegidas, sin intermediarios.

En una reciente reunión, el presidente Javier Milei y su equipo de ministros presentaron esta iniciativa como una "motosierra" destinada a desmantelar lo que han denominado "los peajes de la salud". Según funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud, esta medida no solo busca optimizar el uso de los recursos del sistema, sino también hacer más transparente el proceso para los afiliados. "No podemos pagar cualquier cosa", enfatizaron desde el Ejecutivo, refiriéndose a la necesidad de controlar los gastos en salud.

A partir del lunes, se estima que aproximadamente 4,3 millones de trabajadores podrán solicitar que sus aportes vayan directamente a las prepagas o a las obras sociales. Este cambio se formaliza a través de la resolución 3284 de la Superintendencia, que establece que las prepagas deben inscribirse en un nuevo registro para recibir estos fondos directamente. La eliminación del esquema de triangulación podría significar una reducción en las cuotas mensuales, ya que se espera que la comisión cobrada por intermediación, que actualmente oscila entre el 3% y el 7%, sea eliminada.

Distribución de aportes

La Superintendencia también está trabajando en una adaptación de la app Mi Argentina para que los usuarios puedan visualizar cómo se distribuyen sus aportes entre las prepagas y las obras sociales. En noviembre pasado, la triangulación absorbió más de $41.158 millones, lo que subraya la magnitud del cambio que se avecina. Sin embargo, este nuevo sistema no está exento de controversias.

El Gobierno también está considerando transferir a las provincias la responsabilidad financiera por gastos en educación y transporte que actualmente son cubiertos por el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Este fondo ha sido crucial para cubrir costos asociados a la atención médica para personas con discapacidad, pero los funcionarios argumentan que estos gastos deberían ser asumidos por las jurisdicciones locales.

La discusión sobre quién debe financiar estos servicios podría tener un impacto significativo en las cuentas provinciales. En noviembre, los costos relacionados con estas coberturas alcanzaron los $88.225 millones, y en lo que va del año suman $671.530 millones. Se estima que dos tercios de esta suma se destina a educación y transporte.

Con estos cambios, el Gobierno busca no solo modernizar el sistema de salud argentino, sino también reducir costos y aumentar la eficiencia en el uso de recursos públicos. La implementación del nuevo registro es solo el primer paso en un proceso más amplio destinado a reformar radicalmente cómo funcionan las prepagas y las obras sociales en el país.