Norteñitos eran maltratados en una supuesta "Casita feliz", les hacían lo peor

Continúan las testimoniales en el juicio a nueve empleados de una casa hogar.

La investigación inició ante las sospechas de ciertas prácticas desplegadas por los acusados, que atentaron contra el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección "Casita Feliz".

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta. Todas están imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.

Durante la segunda semana del debate, prestaron declaración los profesionales psicólogos que intervinieron con los menores del hogar y que, tras advertir indicios de malos tratos, dieron aviso a la Secretaría de la Niñez. Confirmaron que los testimonios de los niños eran coherentes, espontáneos, sin indicadores de mendacidad, y que permitían asegurar que habían sufrido malos tratos.

Al iniciar la tercera semana del juicio, cuya finalización se prevé para el próximo 16 de abril, declararon ante el juez Leonardo Feans, testigos citados por la defensa técnica (antiguos operadores), quienes desde sus roles técnicos, justificaron que las prácticas cuestionadas respondían a mecanismos de tipo correctivo para los menores con problemas de conducta.

La investigación de la Fiscalía inició al tomarse conocimiento de que tanto las operadoras, como la Coordinadora del hogar, que funcionaba en la zona de barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta, habrían reiterado conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un "mal comportamiento". Como método disciplinario recurrente, se habría utilizado la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría. Se mencionaba además, que esta medida era ordenada por la jefa del hogar.

En la acusación, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que esta conducta desplegada por las acusadas comprometió la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, lo que constituye un quebranto a las pautas previstas.

Afirma además que, si bien no se constataron lesiones físicas en los menores, de la información brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, mediante sendas entrevistas realizadas por psicólogos y asistentes sociales de la Secretaria de Primera Infancia, así como de las entrevistas realizadas por personal del CIF durante la investigación, se evidencia violencia psicológica o moral en contra de los menores, según detalla Fiscales Penales de Salta.