Cristina Kirchner se aferra a su jubilación: presentó un recurso de nulidad

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de nulidad ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para reclamar la restitución de su asignación por haber sido presidenta y la pensión por viudez que recibía tras la muerte de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. La decisión del gobierno de Javier Milei de anular estos beneficios fueron el detonante de esta acción legal.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Facundo Fernández Pastor, sostiene que la quita de estos beneficios viola derechos y garantías establecidos en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el recurso administrativo, la defensa calificó la resolución de Anses como un "error material" y un "acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo".

Fernández Pastor argumentó que, según la Ley N° 24.018, los ex presidentes y ex vicepresidentes tienen derecho a una asignación contributiva excepcional y extraordinaria en reconocimiento a su honor, mérito y buen desempeño en el cargo. La defensa de la expresidenta solicita la revocación de la resolución y la restitución de los haberes retenidos, junto con los intereses acumulados hasta el pago efectivo.

La medida del gobierno de Milei, oficializada un día después del anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni, fue publicada en la Resolución 1092/2024 del Boletín Oficial. La decisión se fundamenta en la reciente confirmación de la condena de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad por la Cámara Federal de Casación Penal. Este fallo ratificó una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras considerarla responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En los considerandos de la resolución, se argumenta que las asignaciones otorgadas a Cristina Kirchner "devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública". La decisión se basa en el criterio de que no es posible mantener asignaciones de privilegio para personas condenadas por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.