Dieron de baja a 400.000 monotributistas sociales: quiénes se quedaron afuera

Un informe reciente reveló una preocupante caída en el empleo asalariado y una reducción significativa en el número de monotributistas sociales, tras el reempadronamiento implementado en octubre de 2024. Según los datos, en comparación con diciembre de 2023, el empleo asalariado se redujo en 178.000 trabajadores, mientras que los trabajadores independientes aumentaron en 43.000.

Uno de los puntos más destacados del informe es la baja de 406.000 monotributistas sociales, lo que representa una disminución del 60% en este régimen. Esta situación se debe al reempadronamiento, que estableció nuevos criterios para permanecer en el sistema. "Aquellas personas encuadradas en el monotributo social que no cumplieron con los nuevos requisitos fueron dadas de baja del régimen", explicaron desde las autoridades.

El monotributo social está dirigido a personas en condiciones de vulnerabilidad social o desempleo, titulares de programas sociales, o quienes desarrollan emprendimientos económicos vinculados al Desarrollo Local y la Economía Social. Este régimen permite formalizar el trabajo, acceder a una cobertura de salud y al sistema jubilatorio, y es compatible con beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social y jubilaciones que no superen el haber mínimo.

A partir de octubre de 2024, los reinscriptos en el monotributo social debieron comenzar a abonar la mitad de los aportes a la obra social, ya que el subsidio completo por parte del Estado fue eliminado. Esta medida generó un impacto directo en los trabajadores más vulnerables, muchos de los cuales no pudieron mantener su inscripción en el régimen.

La reducción en el empleo asalariado y la baja masiva de monotributistas sociales reflejan un escenario complejo para el mercado laboral, especialmente para los sectores más desprotegidos. Las autoridades enfrentan el desafío de implementar políticas que permitan reactivar el empleo formal y garantizar la inclusión de quienes dependen de estos regímenes para acceder a derechos básicos como la salud y la jubilación.