Expropiación de YPF: los demandantes quieren empezar con el embargo al país

El gobierno nacional solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska que niegue la petición de los demandantes, de ejecutar en 30 días el fallo que le obliga a pagar 16.100 millones de dólares a accionistas minoritarios en el caso por la nacionalización de la petrolera YPF.

Los abogados argentinos, argumentan que permitir la ejecución de una sentencia de tal magnitud en un plazo tan limitado sería una violación extraordinaria de la cortesía internacional y generaría litigios innecesarios y caóticos.

Argentina señala que la sentencia de la jueza estadounidense equivale a casi el 20% del presupuesto de la República para 2023, y que el país no podría hacer frente a dicho pago en el plazo propuesto por los demandantes. Además, destacan la dificultad de recuperar los fondos una vez efectuado el pago, ya que la apelación plantea cuestiones legales complejas.

"No hay certeza de que el pago de la sentencia, una vez efectuado, pueda recuperarse, un resultado insostenible dado que la apelación de la República plantea cuestiones jurídicas difíciles para el Tribunal de Apelaciones", alegan los defensores de Argentina, de acuerdo con información de AFP.

Esta semana, los abogados representantes del fondo Burford Capital, que compraron parte del litigio al Grupo Petersen, solicitaron que se comenzara a ordenar embargos sobre bienes argentinos en un plazo de 30 días, argumentando la sospecha de que el país no cumplirá con la decisión judicial y citando antecedentes negativos y declaraciones públicas de funcionarios argentinos que indican su falta de intención de cumplir con la sentencia.

El caso de YPF y la disputa legal en torno a la expropiación son una cuestión importante y controvertida que involucraron a inversores y el gobierno argentino, y llevado a disputas legales prolongadas y complejas en los tribunales internacionales.