Jubilados: aseguran que el poder adquisitivo de este mes será más bajo que en 2002
Mientras el Gobierno intenta lograr el superávit fiscal mediante reducciones en gastos sociales, complica la sostenibilidad y equidad del ajuste previsional.
El panorama para los jubilados en Argentina se torna preocupante, ya que para este mes de febrero se espera que el poder adquisitivo de las jubilaciones alcance niveles inferiores a los registrados durante la crisis económica de 2002. Este deterioro se ha evidenciado en medio del tan ansiado superávit fiscal por parte del Gobierno, obtenido a expensas de reducciones reales en el gasto social, que incluye jubilaciones, pensiones, programas sociales y gastos de personal.
Según datos publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el superávit fiscal en enero se ha explicado en gran medida por una significativa reducción en los gastos, especialmente en prestaciones sociales como las jubilaciones y pensiones. Esto ha generado un superávit financiero del 77,2% superior al del mismo período del año anterior.
El impacto de este ajuste ha sido particularmente duro para los jubilados, cuyas jubilaciones y pensiones han experimentado una caída del 32,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. Esta situación se agrava con la inflación, que ha erosionado aún más el poder adquisitivo de los jubilados. Se estima que en febrero, el valor real de las jubilaciones podría situarse por debajo de los niveles de 2002, marcando un mínimo en lo que va del siglo XXI.
El informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advierte sobre los problemas derivados de esta estrategia de ajuste. Además de generar tensiones políticas y sociales, la reducción del valor real de las jubilaciones aumenta las demandas judiciales contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto plantea desafíos adicionales para la sostenibilidad de esta política, ya que los ahorros alcanzados podrían revertirse en tribunales.
Ante esta situación, IDESA recomienda un enfoque integral que incluya la simplificación de impuestos, la ordenación del sistema previsional y una mejora en la gestión pública para garantizar un equilibrio fiscal más sostenible.
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