La medida que tomó el Banco Central que facilita transferencias en dólares

En el contexto del actual proceso de blanqueo de capitales, el Banco Central decidió este jueves flexibilizar ciertas normativas relacionadas con las transferencias en dólares, con el objetivo de facilitar dichas transacciones y, al mismo tiempo, reducir algunas obligaciones que aún afectan a los bancos, a pesar de la intención manifiesta del Gobierno de eliminar las restricciones cambiarias.

En este sentido, el BCRA eliminó la sospecha de violación de las normas cambiarias como motivo para que un banco rechace una transferencia en dólares. Antes, la normativa permitía que un banco receptor rechazara una transferencia en moneda extranjera si sospechaba que esta estaba vinculada al incumplimiento de la normativa sobre la compra de dólares por parte de personas residentes para la formación de activos en el exterior. Además, se exigía que el cliente fuera informado del motivo del rechazo.

Con la nueva disposición, aunque un banco tenga indicios de que una transferencia no cumple con alguna de las restricciones cambiarias vigentes, ya no podrá considerarlo una razón para rechazar la operación.

Asimismo, el BCRA también derogó ciertas disposiciones relacionadas con el principio de "conozca a su cliente", que obligaba a las entidades bancarias a verificar la identidad y los movimientos de cada depositante para detectar posibles casos de lavado de dinero.

De esta manera, se eliminó un apartado de la normativa que requería que los bancos tomaran "recaudos especiales" antes de efectuar una transferencia, con el fin de minimizar el riesgo. En consecuencia, los bancos ya no deberán objetar operaciones relacionadas con los siguientes casos:

Cuentas de destino no previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos o en la sede de la entidad financiera.

Cuentas de destino con una antigüedad menor a 180 días desde su apertura.

Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la transferencia.

Una de las primeras decisiones de la actual gestión del BCRA fue eliminar la obligación de los bancos de bloquear una segunda transferencia en dólares hacia una misma cuenta bancaria en un mismo mes. Hasta el año pasado, el Banco Central exigía que si un usuario compraba dólares financieros, solo pudiera transferirlos a su banco una vez al mes. Si el cliente realizaba una segunda operación desde su cuenta comitente hacia su caja de ahorro, el banco estaba obligado a bloquearla y a pedir documentación que respaldara la transacción.

Aunque esta norma, una de las más estrictas del cepo para las operaciones de dólar MEP, dejó de estar vigente en diciembre pasado, algunos bancos solicitaron al BCRA que también se deroguen las disposiciones vinculadas al principio de "conozca a su cliente", lo que motivó la anulación de los tres requisitos mencionados anteriormente.

El Banco Central ha implementado una serie de pequeñas decisiones para desmantelar el complejo esquema de restricciones cambiarias que se ha construido a lo largo de los años. La flexibilización anunciada hoy está vinculada al escenario del blanqueo de capitales, donde el Gobierno apunta a aquellos que buscan regularizar montos menores a USD 100.000, tanto en efectivo como a través de las nuevas Cuentas Especiales para la Regularización de Activos (CERA), disponibles en dólares y pesos.

Además, la decisión de hoy se suma a una serie de medidas recientes para desactivar el cepo. La semana pasada, el BCRA aumentó de USD 10.000 a USD 100.000 el monto a partir del cual es obligatorio informar compras de dólares con antelación en el mercado libre de cambios, lo que facilita las operaciones de bajo monto. También eliminó un registro obligatorio para importadores que deseaban realizar pagos de comercio exterior.

En julio, se adoptaron medidas adicionales para flexibilizar las restricciones. El BCRA eliminó la prohibición de comprar dólares en el mercado financiero (dólar MEP y contado con liquidación) para quienes habían recibido ayuda salarial del Estado durante la pandemia a través del programa ATP y para aquellos que reciben subsidios en las tarifas de los servicios públicos.