Le pusieron AstraZeneca y ahora demandó al Estado por 90 millones

Una mujer de Córdoba ha presentado la primera demanda pública en Argentina contra la farmacéutica AstraZeneca y el Estado Nacional, alegando que la vacuna contra el COVID-19 le causó el Síndrome de Guillain-Barré, un grave trastorno del sistema inmunitario que afecta los nervios y puede provocar parálisis.

Los Hechos

La demandante, cuya identidad se mantiene en reserva, afirma que tras recibir la tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca en enero de 2022, comenzó a experimentar síntomas severos. La mujer describe un rápido deterioro de su salud, que incluyó calambres, pérdida de movilidad y, eventualmente, parálisis, lo que fue diagnosticado como Síndrome de Guillain-Barré.

Detalles de la Demanda

El abogado de la mujer, Pablo Roca, indicó que la demanda busca una compensación de 100 millones de pesos, desglosados en varios conceptos, incluidos daños morales y punitivos. "Hubo un daño significativo a la fe pública y al sistema de salud", señaló Roca, enfatizando la responsabilidad tanto de AstraZeneca como del Estado por no advertir adecuadamente sobre los posibles efectos adversos de la vacuna.

Proceso Judicial

El caso está siendo evaluado por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa. La fiscalía deberá determinar la competencia de la causa antes de que avance el proceso judicial.

Impacto Personal y Familiar

La mujer describe un drástico cambio en su vida, ahora dependiente de un andador y con constantes problemas de salud. Su marido también figura en la demanda, mencionando el impacto negativo en la dinámica familiar y la calidad de vida, especialmente en el cuidado de su hijo pequeño.

Contexto Legal

La demanda argumenta que la vacunación fue obligada por presiones sociales y laborales, y que no se proporcionó suficiente información sobre los riesgos potenciales. Se critica la cláusula de indemnidad que protege a los fabricantes de vacunas, impidiendo a los ciudadanos buscar compensación legal.

Declaraciones Oficiales

El documento presentado destaca que las autoridades actuaron negligentemente al imponer la vacunación sin garantizar la seguridad completa del producto. La mujer sostiene que su consentimiento fue coaccionado y mal informado, violando tratados internacionales sobre derechos humanos.

Esta demanda podría marcar un precedente en Argentina respecto a la responsabilidad de las farmacéuticas y el Estado en la gestión de la vacunación masiva durante la pandemia de COVID-19. Se espera que el desarrollo del caso atraiga una considerable atención pública y jurídica.