Preso se autolesionó y en redes piden que pague los gastos de su asistencia médica

Se conoció la noticia del preso que "se tragó una tijera", que anteriormente "se cosió la boca" y que suele tomar este tipo de decisiones para llamar la atención, para protestar por algún tema o por otros motivos, los comentarios en redes son lapidarios.

El debate sobre el cobro de atención médica a presos en Argentina.

En los últimos tiempos, la discusión sobre el cobro de servicios públicos en Argentina ha tomado un nuevo rumbo, llegando incluso al ámbito penitenciario. Algunos sectores de la sociedad plantean que los presos que resulten heridos en peleas dentro de las cárceles o que se autolesionen con la intención de obtener beneficios, como la salida del penal para recibir tratamiento médico, deberían hacerse cargo de los costos de su atención en el sistema de salud pública.

Esta propuesta se enmarca en una tendencia creciente de hacer que ciertos sectores de la población paguen por los servicios públicos que reciben. Ya se han implementado medidas similares en provincias como Salta, donde a los extranjeros se les cobra por la atención médica en hospitales públicos. La idea ahora es extender esta lógica a la población carcelaria, ya sea con el objetivo de reducir costos para el Estado o como una medida de disuasión para evitar conductas violentas o autolesivas dentro de las prisiones.

Argumentos a favor y en contra Quienes apoyan esta propuesta sostienen que obligar a los presos a costear su atención médica podría ayudar a reducir los casos de violencia dentro de los penales, ya que el miedo a las consecuencias económicas funcionaría como un elemento disuasorio. También argumentan que, en un contexto de crisis económica, el Estado no debería destinar recursos a la atención de internos que ponen en riesgo su propia integridad por conductas autodestructivas o violentas.

Sin embargo, desde los sectores de derechos humanos y algunos especialistas en criminología advierten que esta medida podría ser inconstitucional y contraria a principios básicos de derechos humanos. El acceso a la salud es un derecho universal, y aplicar una política de cobro podría traducirse en un trato desigual y discriminatorio hacia la población carcelaria. Además, se argumenta que muchas veces las peleas dentro de las prisiones son consecuencia de condiciones de hacinamiento, abuso y falta de regulación efectiva por parte del sistema penitenciario, lo que implica que el Estado tiene una responsabilidad en prevenir estos hechos en lugar de castigar económicamente a los internos afectados.

¿Un camino viable? La discusión sigue abierta y, de aplicarse, una medida de este tipo requeriría modificaciones legales y reglamentarias, además de mecanismos para evaluar la capacidad de pago de los presos. Mientras tanto, el debate sobre cómo gestionar los recursos públicos en el sistema penitenciario y garantizar condiciones dignas dentro de las cárceles sigue en pie.

Lo cierto es que el problema de la violencia carcelaria y el uso de la autolesión como estrategia para salir de los penales requiere soluciones integrales que aborden sus causas de fondo, en lugar de medidas que podrían agravar la situación de vulnerabilidad de los internos.