Tras el DNU anunciado por Milei: qué pasará con las tarjetas de crédito

En una movida que promete transformar significativamente el mercado financiero, el presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con 366 artículos, abordando la desregulación de varios sectores económicos.

Entre las modificaciones, se incluyen cambios sustanciales en la Ley de Tarjetas de Crédito, apuntando a reducir el control del Banco Central sobre las emisoras y liberar comisiones y punitorios por incumplimientos.

El DNU, que enfrentará posibles trabas parlamentarias y judiciales, desmantela parte de la regulación que recaía sobre las tarjetas de crédito en ocho artículos del Capítulo II del Decreto 70 de 2023. Estas modificaciones abren la puerta a transformaciones significativas tanto para los consumidores como para el mercado.

Entre los cambios más destacados, se elimina la prohibición de informar a bases de datos financieras personales los incumplimientos de los clientes, facilitando el acceso de las emisoras a esta información. Esto implica que los usuarios deberán mantener una conducta financiera impecable para evitar consecuencias negativas en su historial crediticio.

Asimismo, se redefine la figura del emisor de tarjetas, permitiendo la participación de entidades de cualquier naturaleza, lo que amplía el espectro de jugadores en el mercado. Se eliminan distinciones entre tarjetas físicas y virtuales, permitiendo una redacción más libre de cláusulas contractuales por parte de las emisoras.

El DNU también modifica la regulación de comisiones a comercios, eliminando tope y regulación de plazos de pago, lo que podría tener un impacto en comerciantes más pequeños al perder acceso a ciertos medios de pago. Además, desaparece el tope del 50% sobre la tasa de financiación para los intereses punitorios, permitiendo que las emisoras cobren los punitorios que deseen, con la condición de no capitalizarlos.

Aunque el decreto introduce varios cambios en favor de las emisoras y otorga más libertad contractual, mantiene el tope a la tasa de financiación, un punto resistido por bancos y emisoras. La tasa se mantiene en un máximo del 25% adicional a lo cobrado por préstamos personales o, para aquellas que no ofrecen préstamos personales, un 25% adicional a lo que cobra el Banco Nación por estos préstamos.